La Contraloría General de la República se pronunció sobre denuncias presentadas por dos…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre denuncias presentadas por dos particulares contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND), relativas al ejercicio de sus facultades fiscalizadoras sobre una federación deportiva. El organismo constató que ambas entidades adoptaron las medidas que la normativa les encomienda, sin verificar irregularidades en sus actuaciones. Respecto del proceso eleccionario del directorio de la federación, indicó que, conforme a la Constitución y a la ley N° 18.593, corresponde a los Tribunales Electorales Regionales conocer las reclamaciones, y que las alegaciones sobre ese punto deben deducirse ante ellos. En cuanto a conductas de los directivos, señaló que la facultad disciplinaria radica en la comisión de ética o tribunal de honor de la propia organización, según la ley N° 19.712. Finalmente, ordenó que la secretaría de Estado y el IND informen oportunamente las conclusiones de sus procedimientos de fiscalización.
Normas citadas
ley 18575 art/1 inc/2
Pol art/98
ley 19712 art/32
ley 19712 art/10
ley 19712 art/11
ley 19712 art/14 inc/2
ley 19712 art/14 inc/4
ley 19712 art/12 lt/e
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Qué órgano debe conocer las reclamaciones por el proceso eleccionario del directorio de una federación deportiva en Chile?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que, conforme a la Constitución y a la ley N° 18.593, corresponde a los Tribunales Electorales Regionales conocer esas reclamaciones, por lo que las alegaciones sobre el proceso eleccionario deben deducirse ante ellos.
¿Quién tiene la facultad disciplinaria sobre las conductas de los directivos de una federación deportiva según la ley 19.712?
En este caso, la Contraloría General de la República señaló que la facultad disciplinaria sobre conductas de los directivos radica en la comisión de ética o tribunal de honor de la propia organización, según la ley N° 19.712.
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