La Contraloría General de la República se abstuvo de emitir un pronunciamiento solicita…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de emitir un pronunciamiento solicitado sobre la remuneración que deben percibir los trabajadores embarcados en naves pesqueras durante períodos de inactividad no imputables a ellos. El órgano sostuvo que interpretar la normativa laboral aplicable a trabajadores del sector privado es una facultad privativa de la Dirección del Trabajo y no de la Contraloría, por lo que no procede dictaminar sobre esa regulación, al no existir una disposición legal que lo autorice. Citó como fundamento el artículo 98 de la Constitución, el artículo 6° de la ley N° 10.336 y el principio de juridicidad, y reiteró jurisprudencia administrativa previa. Finalmente, remitió al requirente copia de lo informado por la Dirección del Trabajo y ordenó transcribir la resolución a dicha Dirección.
Normas citadas
pol art/98
ley 10336 art/6 inc/1
pol art/6
pol art/7
ley 18575 art/2
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿La Contraloría General de la República puede interpretar la normativa laboral que rige a trabajadores embarcados en naves pesqueras?
No. En este caso, la Contraloría se abstuvo de pronunciarse porque sostuvo que interpretar la normativa laboral de trabajadores del sector privado corresponde privativamente a la Dirección del Trabajo, y no existe una disposición legal que la autorice a dictaminar sobre esa regulación.
¿Qué órgano debe pronunciarse sobre la remuneración de trabajadores pesqueros durante períodos de inactividad no imputables a ellos?
En este caso, la Contraloría sostuvo que es la Dirección del Trabajo el organismo competente para interpretar esa materia laboral. Por ello, remitió al requirente copia de lo que ya había informado dicha Dirección.
¿Qué fundamentos utiliza la Contraloría para negarse a emitir dictámenes sobre materias laborales del sector privado?
La Contraloría citó el artículo 98 de la Constitución, el artículo 6° de la ley N° 10.336 y el principio de juridicidad, y reiteró su jurisprudencia administrativa previa. Además, ordenó transcribir la resolución a la Dirección del Trabajo.
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