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El Tribunal Constitucional conoce un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026

Resumen

El Tribunal Constitucional conoce un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la Ley N° 18.101 de A.B.U., presentado en una gestión pendiente ante un juzgado de letras de Santiago y su Corte de Apelaciones. La parte requirente sostiene que la aplicación de esa ley vulnera el debido proceso, el derecho de propiedad y otras garantías constitucionales, pues la calidad de dueño que exige la norma para ejercer acciones de desahucio había pasado a otra sociedad tras una compraventa del inmueble, sin que el arrendador original siguiera siendo propietario. Además, solicita la suspensión de la gestión pendiente mientras se tramita el requerimiento. El texto final, que corresponde al escrito de presentación, no contiene un pronunciamiento del tribunal sobre el fondo, por lo que el resumen se limita a describir la petición formulada.

Normas citadas

  • Artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República
  • Ley N° 17.997 (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional)
  • Ley N° 18.101 de Arrendamiento de Bienes Urbanos
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Preguntas frecuentes

¿Puede el arrendador que ya no es dueño del inmueble ejercer la acción de desahucio según la Ley de Arrendamiento de Bienes Urbanos?

Este documento no resuelve la cuestión: en el requerimiento, la parte sostiene que la calidad de dueño exigida por la ley para el desahucio pasó a otra sociedad tras una compraventa, y pide que no se aplique esa norma. El escrito no contiene aún un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el fondo.

¿Puede el Tribunal Constitucional declarar la inaplicabilidad de una ley en una gestión judicial pendiente?

En este caso, el Tribunal Constitucional conoce un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la Ley N° 18.101 presentado en una gestión pendiente ante un juzgado de letras de Santiago y su Corte de Apelaciones. La parte requirente pide además la suspensión de esa gestión mientras se tramita el requerimiento.

¿Qué garantías constitucionales se invocan para impugnar la aplicación de la ley de arrendamiento al desahucio?

En este caso, la parte requirente sostiene que la aplicación de la Ley N° 18.101 vulnera el debido proceso, el derecho de propiedad y otras garantías constitucionales. Esto corresponde a lo planteado en el escrito de presentación, sin que el tribunal se haya pronunciado sobre ello.

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