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El Tribunal Constitucional fue requerido para declarar inaplicable el artículo 7 de la…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026

Resumen

El Tribunal Constitucional fue requerido para declarar inaplicable el artículo 7 de la Ley N° 18.101 sobre arrendamiento de bienes urbanos, por vulnerar garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho de propiedad. El requirente alegó que la norma se aplicaba en un caso donde el inmueble fue vendido y transferido a una empresa sin informar al arrendatario, generando un comodato precario. El requirente solicitó acoger el requerimiento y suspender las gestiones pendientes en los tribunales inferiores. El tribunal resolvió acoger el requerimiento, ordenando la suspensión de las gestiones en el 28° Juzgado Civil de Santiago y en la Corte de Apelaciones de Santiago, hasta la tramitación completa del requerimiento.

Normas citadas

  • Artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República
  • Ley N° 17.997 (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional)
  • Artículo 7 de la Ley N° 18.101 (Ley de Arrendamiento de Bienes Urbanos)
inaplicabilidadarrendamientogarantías constitucionalesdebido procesoderecho de propiedadcomodato precariotransferencia de inmuebleTribunal Constitucional

Preguntas frecuentes

¿Qué efectos tiene la admisión de un requerimiento de inaplicabilidad sobre los juicios que se tramitan en tribunales inferiores?

En este caso, el Tribunal Constitucional ordenó suspender las gestiones pendientes en el 28° Juzgado Civil de Santiago y en la Corte de Apelaciones de Santiago hasta la tramitación completa del requerimiento. La suspensión busca evitar que el juicio avance mientras se resuelve si la norma puede aplicarse al caso.

¿Cuándo procede la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una norma legal en Chile según el artículo 93 N° 6 de la Constitución?

En este caso, el Tribunal Constitucional, conforme al artículo 93 N° 6 de la Constitución y la Ley N° 17.997, examinó si la aplicación concreta del artículo 7 de la Ley N° 18.101 resultaba contraria a la Constitución. Acogió el requerimiento porque la norma podía afectar el debido proceso y el derecho de propiedad del requirente.

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