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La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cobro de honorarios reclam…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cobro de honorarios reclamado por una funcionaria que había sido desvinculada indebidamente. El organismo concluyó que la acción de cobro no está prescrita, pues el plazo de cinco años del Código Civil se computó desde un pronunciamiento anterior que declaró el derecho, y fue interrumpido por el nuevo requerimiento. En consecuencia, ordenó a la Intendencia de la Región Metropolitana pagar los honorarios adeudados por el período de desvinculación indebida e informar el cumplimiento en un plazo de 15 días hábiles. Además, recordó que sus dictámenes son obligatorios y vinculantes para los servicios fiscalizados, por lo que su incumplimiento puede comprometer la responsabilidad administrativa de los funcionarios encargados.

Normas citadas

  • Cci art/2515
  • Cci art/2514
  • ley 10336 art/6 inc/fin
  • Pol art/6
  • Pol art/7
  • Pol art/98
  • ley 18575 art/2
  • ley 10336 art/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Prescribe la acción para cobrar honorarios a un organismo público después de cinco años desde que se declaró el derecho?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la acción de cobro no estaba prescrita, porque el plazo de cinco años del Código Civil se contó desde un pronunciamiento anterior que declaró el derecho y fue interrumpido por el nuevo requerimiento.

¿Puede una funcionaria desvinculada indebidamente cobrar los honorarios adeudados por ese período?

Sí, en este caso la Contraloría ordenó a la Intendencia de la Región Metropolitana pagar los honorarios adeudados por el período de desvinculación indebida e informar su cumplimiento en un plazo de 15 días hábiles.

¿Son obligatorios los dictámenes de la Contraloría General de la República para los servicios fiscalizados?

Sí, la Contraloría recordó que sus dictámenes son obligatorios y vinculantes para los servicios fiscalizados, por lo que su incumplimiento puede comprometer la responsabilidad administrativa de los funcionarios encargados.

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