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Un juzgado de policía local conoció un procedimiento por infracción a la Ley de Protecc…

Sentencia · 1ER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LAS CONDES · 2020

Resumen

Un juzgado de policía local conoció un procedimiento por infracción a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, originado tras un robo a mano armada ocurrido en el estacionamiento de un supermercado. Se discutía la responsabilidad del proveedor por las medidas de seguridad y la procedencia de indemnizaciones. El tribunal reconoció la relación proveedor-consumidor y lo condenó conforme a los artículos 3, 12 y 23 de la Ley 19.496, estimando proporcional la multa aplicada. En cuanto al daño emergente, acogió solo lo acreditado mediante factura, correspondiente a un teléfono celular, y rechazó el resto por falta de prueba de propiedad y valor. Respecto del daño moral, revocó la suma fijada en primera instancia y eximió a la demandada de pagarla, al no acreditarse sufrimientos del actor, disponiendo que cada parte pague sus costas. Confirmó en lo demás la sentencia, fijando la indemnización por daño emergente en el monto acreditado.

Normas citadas

  • Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra d
  • Ley 19.496, Art. 12
  • Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios

Preguntas frecuentes

¿Responde el proveedor por un robo ocurrido en el estacionamiento de un supermercado?

En este caso, el tribunal reconoció la relación proveedor-consumidor y condenó al proveedor por las medidas de seguridad, conforme a los artículos 3, 12 y 23 de la Ley 19.496, estimando proporcional la multa aplicada.

¿Qué debe acreditarse para que se reconozca el daño emergente por bienes robados?

En este caso, el tribunal acogió solo el daño emergente acreditado mediante factura, correspondiente a un teléfono celular, y rechazó el resto por falta de prueba de propiedad y valor.

¿Procede indemnizar el daño moral por un robo en un supermercado?

En este caso, el tribunal revocó la suma fijada en primera instancia y eximió a la demandada de pagar el daño moral, al no acreditarse sufrimientos del actor, disponiendo que cada parte pague sus costas.

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