La Dirección del Trabajo se pronunció sobre la aplicación de la ley 20.157 a los funcio…
Dictamen · Dirección del Trabajo · 2008
Resumen
La Dirección del Trabajo se pronunció sobre la aplicación de la ley 20.157 a los funcionarios de salud clasificados en la categoría d) del artículo 5º de la ley 19.378 que cumplieran los requisitos del artículo 3º transitorio de la ley 20.157. Concluyó que dichos funcionarios pasan por el solo ministerio de la ley a la categoría c), en la dotación que se fije a contar de septiembre/octubre de 2008, y que sus remuneraciones equivalentes a esa categoría se pagan solo desde la fecha en que se fije esa dotación. Precisó que la fiscalización del cumplimiento de la ley corresponde a los servicios fiscalizadores establecidos por ley y, en su caso, a los tribunales de justicia, y que la ley 20.157 no otorga al Ministerio de Salud intervención alguna en su cumplimiento. Los trabajadores afectados pueden recurrir a las instancias administrativas y judiciales correspondientes para exigir el cumplimiento de la norma.
Normas citadas
Ley N° 20.157
Ley 19.378
Artículo 5º de la ley 19.378
Artículo 3º de la ley 20.157
Preguntas frecuentes
¿Los funcionarios de salud de la categoría d) de la ley 19.378 pasan automáticamente a la categoría c) por la ley 20.157?
Sí. En este dictamen, la Dirección del Trabajo concluyó que quienes cumplen los requisitos del artículo 3º transitorio de la ley 20.157 pasan por el solo ministerio de la ley a la categoría c), en la dotación que se fije a contar de septiembre/octubre de 2008.
¿Desde cuándo se pagan las remuneraciones de la categoría c) a funcionarios de salud que pasan de la categoría d)?
Según este dictamen, esas remuneraciones equivalentes a la categoría c) se pagan solo desde la fecha en que se fije la dotación correspondiente, y no con efecto anterior.
¿Qué organismo fiscaliza el cumplimiento de la ley 20.157 en el sector salud y qué pueden hacer los trabajadores afectados?
La Dirección del Trabajo precisó que la fiscalización corresponde a los servicios fiscalizadores establecidos por ley y, en su caso, a los tribunales de justicia, sin intervención del Ministerio de Salud. Los trabajadores pueden recurrir a las instancias administrativas y judiciales para exigir su cumplimiento.
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