El Consejo para la Transparencia conoció un amparo de acceso a la información interpues…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo de acceso a la información interpuesto por una particular en contra de la Municipalidad de Chiguayante, relativo a certificados de enseñanza media de funcionarios municipales. Durante el análisis de admisibilidad, el Consejo advirtió que no era clara la infracción atribuida al órgano y, conforme al artículo 46 del Reglamento de la Ley de Transparencia, ordenó subsanar u aclarar la reclamación en cinco días hábiles, bajo apercibimiento de inadmisibilidad. La parte reclamante no efectuó presentación alguna, por lo que el Consejo declaró inadmisible el amparo, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Transparencia, que exige señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidad
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si una reclamación de amparo de acceso a la información no señala claramente la infracción cometida por el órgano?
En este caso, el Consejo para la Transparencia advirtió que no era clara la infracción atribuida y ordenó subsanarla o aclararla en cinco días hábiles, bajo apercibimiento de inadmisibilidad. Como la reclamante no hizo presentación alguna, declaró inadmisible el amparo, conforme al artículo 24 de la Ley de Transparencia.
¿Puede el Consejo para la Transparencia exigir aclarar un amparo antes de decidir sobre el fondo?
En este caso, el Consejo otorgó un plazo para subsanar o aclarar la reclamación durante el análisis de admisibilidad, según el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Transparencia. Ante la falta de respuesta de la parte reclamante, no entró al fondo y declaró inadmisible el amparo.
¿Qué exige la Ley de Transparencia para que un amparo por acceso a la información sea admisible?
En este caso, el Consejo sostuvo que el amparo debe señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, como exige el artículo 24 de la Ley de Transparencia. Al no cumplirse ese requisito ni subsanarse en plazo, declaró inadmisible la reclamación contra la Municipalidad.
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