Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la asignación de funciones críticas, que se paga a servidores públicos por la responsabilidad de sus labores. Conforme a la ley, la autoridad puede privar a una función de ese carácter, con la consiguiente pérdida de la asignación, siempre dentro del marco presupuestario. En el caso, dos funcionarios de gabinete habían sido calificados como críticos y luego se suprimió esa calidad, con efecto desde una fecha anterior a su notificación. El organismo concluyó que, según los artículos 51 y 52 de la Ley N° 19.880, el acto solo produce efectos desde que se notifica a los afectados y no puede operar retroactivamente, por implicar consecuencias desfavorables. Como no consta la fecha de notificación, ordenó a la subsecretaría respectiva estudiar la situación y pagar las rentas que correspondan hasta que los funcionarios tomaron conocimiento del acto.