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El Juzgado de Policía Local de La Reina acogió una denuncia del Servicio Nacional del C…

Sentencia · JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LA REINA · 2023

Resumen

El Juzgado de Policía Local de La Reina acogió una denuncia del Servicio Nacional del Consumidor contra una isapre por continuar enviando comunicaciones promocionales pese a que el consumidor había solicitado su bloqueo en el registro 'No Molestar'. El tribunal estimó configurada únicamente la infracción al artículo 28 B de la Ley 19.496, que obliga al proveedor a cesar el envío de comunicaciones promocionales cuando el consumidor manifiesta su voluntad de no recibirlas. En cambio, descartó la infracción al artículo 23, pues el deber de profesionalidad no está consagrado en esa norma como obligación autónoma, sino como elemento para ponderar la multa. En consecuencia, condenó al proveedor al pago de una multa de 25 Unidades Tributarias Mensuales, determinada prudencialmente considerando el deber de profesionalidad y la capacidad económica del proveedor, y dispuso que cada parte pague sus costas.

Normas citadas

  • Ley 19.496, Art. 28 B
  • Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Sentencia DefinitivaInterés generalDenuncia infraccionalSERNAC se hizo parte

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un proveedor sigue enviando publicidad después de que el consumidor pidió no recibirla?

En este caso, el Juzgado de Policía Local de La Reina acogió la denuncia del SERNAC y estimó configurada la infracción al artículo 28 B de la Ley 19.496, que obliga al proveedor a cesar el envío de comunicaciones promocionales cuando el consumidor manifiesta su voluntad de no recibirlas.

¿El deber de profesionalidad del proveedor se puede sancionar como infracción autónoma a la Ley del Consumidor?

En este caso, el tribunal descartó la infracción al artículo 23 de la Ley 19.496, pues el deber de profesionalidad no está consagrado en esa norma como obligación autónoma, sino como elemento para ponderar la multa.

¿Cómo se determina la multa en un caso de envío de publicidad no deseada?

En este caso, el tribunal condenó al proveedor a una multa de 25 Unidades Tributarias Mensuales, determinada prudencialmente considerando el deber de profesionalidad y la capacidad económica del proveedor, y dispuso que cada parte pague sus costas.

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