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El Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua dictó sentencia en un caso por la Ley N°…

Sentencia · 1er JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RANCAGUA · 2022

Resumen

El Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua dictó sentencia en un caso por la Ley N°19.496 de protección de los derechos de los consumidores. Un cliente presentó una querella infraccional y una demanda civil contra un centro comercial, alegando el robo de especies y documentos desde un vehículo estacionado en su recinto. El tribunal concluyó que no se acreditó la sustracción ni las circunstancias en que habría ocurrido, aplicando el artículo 1698 del Código Civil, que impone la carga de la prueba a quien alega la obligación. Por ello, absolvió al proveedor de responsabilidad infraccional y rechazó la indemnización de perjuicios, al carecer de sustento infraccional. No condenó en costas al querellante y demandante, por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

Normas citadas

  • Ley N° 19.496
  • Ley N° 18.287
  • Código Civil
  • Resolución N° 126
  • Resolución N° 380
  • Resolución N° 808
  • Artículo 1698 del Código Civil
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios

Preguntas frecuentes

¿Qué debe probar un consumidor para que prospere una demanda por robo en un estacionamiento de un centro comercial?

En este caso, el tribunal exigió acreditar la sustracción y las circunstancias en que ocurrió, aplicando el artículo 1698 del Código Civil, que impone la carga de la prueba a quien alega la obligación. Al no probarse, absolvió al proveedor.

¿Procede la indemnización de perjuicios si no se acredita la infracción a la Ley del Consumidor?

En este caso, el tribunal rechazó la indemnización de perjuicios porque carecía de sustento infraccional, al no haberse acreditado la infracción. La absolución del proveedor impidió la condena civil.

¿Se condena en costas al consumidor que pierde una demanda si tuvo motivos plausibles para litigar?

En este caso, el tribunal no condenó en costas al querellante y demandante, por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar. Así, aunque se rechazaron sus pretensiones, no se le impuso el pago de costas.

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