Resumen
Una empresa pesquera industrial presentó un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional contra artículos de la Ley N° 21.752 sobre fraccionamiento pesquero, sosteniendo que la nueva base de cálculo de las licencias transables de pesca vulnera el derecho de propiedad. En el escrito, la requirente solicitó como petición principal que se ordene la suspensión del procedimiento seguido ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, correspondiente a un recurso de protección con apelación pendiente ante la Corte Suprema, argumentando que la aplicación de la ley en esa gestión judicial pendiente resulta decisiva y que continuar sin pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional podría tornar ilusoria o irreparable la tutela constitucional. Además, acompañó certificación de estado del recurso de protección y copia autorizada de escritura pública de poder judicial, asumiendo patrocinio y poder en representación de la empresa requirente.