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El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento contra la norma que excluye la apl…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019

Resumen

El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento contra la norma que excluye la aplicación de penas sustitutivas a determinados delitos vinculados al control de armas, por considerar que podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley. El Tribunal rechazó dicho reproche: sostuvo que la interdicción de penas sustitutivas tiene racionalidad, porque reafirma el cumplimiento efectivo de la pena decidido por el legislador y satisface el principio de legalidad al limitar la discrecionalidad judicial. Agregó que no existe un trato discriminatorio, pues la parte requirente no acreditó un test de igualdad con situaciones comparables, y que la Constitución expresamente encarga el control y supervigilancia de las armas, lo que justifica un tratamiento penal distinto por una finalidad constitucionalmente legítima.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la pena

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional excluir las penas sustitutivas para delitos de control de armas por vulnerar la igualdad ante la ley?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento. Sostuvo que la exclusión tiene racionalidad, porque asegura el cumplimiento efectivo de la pena decidido por el legislador, y que no hay discriminación porque la parte requirente no acreditó situaciones comparables.

¿Puede el legislador establecer un tratamiento penal distinto para delitos vinculados a las armas?

En este caso, el Tribunal sostuvo que sí, porque la Constitución encarga expresamente el control y supervigilancia de las armas. Esa finalidad constitucionalmente legítima justifica un tratamiento penal diferenciado.

¿La prohibición de penas sustitutivas afecta el principio de legalidad y la discrecionalidad judicial?

En este caso, el Tribunal entendió que la norma satisface el principio de legalidad, porque limita la discrecionalidad judicial en la determinación de la pena. Por eso no encontró vulneración de la garantía invocada.

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