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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de declarar in…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de declarar incobrables créditos a favor del Estado. Conforme al artículo 19 de la ley N° 18.382, las instituciones y órganos descentralizados, como los Servicios de Salud, pueden castigar en sus contabilidades las acreencias que no logran cobrarse, siempre que hayan sido contabilizadas oportunamente y se hayan agotado prudencialmente los medios de cobro. Según la jurisprudencia citada, el castigo busca eliminar deudas que solo tienen valor numérico y distorsionan los estados financieros. Corresponde al propio organismo ponderar cuándo se agotaron las gestiones de cobro, pero la autorización para castigar debe otorgarla el Ministro del ramo junto con el de Hacienda, por lo que el organismo de control declaró que no es competente para otorgarla. Ello sin perjuicio de sus atribuciones para cautelar el ingreso de los recursos públicos.

Normas citadas

  • Dfl 1/2005 salud art/16
  • dl 2763/79
  • ley 18933
  • ley 18469
  • ley 18382 art/19
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Pueden los Servicios de Salud castigar como incobrables los créditos a favor del Estado que no logran cobrar?

Según este dictamen de la Contraloría, conforme al artículo 19 de la ley N° 18.382, los Servicios de Salud pueden castigar en sus contabilidades las acreencias no cobradas, siempre que hayan sido contabilizadas oportunamente y se hayan agotado prudencialmente los medios de cobro.

¿Quién debe autorizar el castigo de créditos incobrables de un organismo público en Chile?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la autorización para castigar debe otorgarla el Ministro del ramo junto con el Ministro de Hacienda, por lo que declaró que no es competente para otorgarla.

¿Quién decide si se agotaron las gestiones de cobro antes de castigar una deuda con el Estado?

En este caso, la Contraloría señaló que corresponde al propio organismo ponderar cuándo se agotaron las gestiones de cobro, sin perjuicio de las atribuciones del organismo de control para cautelar el ingreso de los recursos públicos.

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