La Contraloría General de la República se pronunció sobre la posibilidad de que el Inst…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la posibilidad de que el Instituto de Previsión Social castigue como incobrables créditos a su favor. El dictamen recuerda que el artículo 19 de la ley N° 18.382 permite a organismos descentralizados castigar créditos incobrables, previa autorización de los Ministros del ramo y de Hacienda, siempre que hayan sido contabilizados oportunamente y se hayan agotado prudencialmente los medios de cobro. Agrega que agotar los medios de cobro implica realizar todas las diligencias pertinentes hasta establecer fehacientemente la imposibilidad de pago, correspondiendo al propio organismo ponderar cuándo esas gestiones se entienden culminadas, sin perjuicio de lo que resuelvan los Ministros y de las atribuciones fiscalizadoras del órgano contralor.
Normas citadas
ley 20255 art/53
ley 18382 art/19
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede un organismo descentralizado castigar como incobrables créditos a su favor?
Sí, según este dictamen de la Contraloría, el artículo 19 de la ley N° 18.382 permite a organismos descentralizados castigar créditos incobrables, previa autorización de los Ministros del ramo y de Hacienda. Ello exige que los créditos hayan sido contabilizados oportunamente y que se hayan agotado prudencialmente los medios de cobro.
¿Qué significa agotar los medios de cobro antes de castigar un crédito incobrable?
De acuerdo con este dictamen, agotar los medios de cobro implica realizar todas las diligencias pertinentes hasta establecer fehacientemente la imposibilidad de pago. Corresponde al propio organismo ponderar cuándo esas gestiones se entienden culminadas, sin perjuicio de lo que resuelvan los Ministros y de las atribuciones fiscalizadoras de la Contraloría.
¿Quién decide si un crédito puede castigarse como incobrable en un organismo público?
En este caso, la Contraloría General de la República indicó que la autorización corresponde a los Ministros del ramo y de Hacienda, y que el organismo debe ponderar cuándo se han agotado los medios de cobro. La Contraloría conserva sus atribuciones fiscalizadoras sobre esa decisión.
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