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La Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que concluye que result…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que concluye que resulta procedente que la Defensoría Penal Pública solicite autorización a los Ministerios de Justicia y de Hacienda para declarar la incobrabilidad de créditos derivados del pago de remuneraciones en exceso a exfuncionarios. El organismo sostiene que, para ello, deben agotarse prudencialmente los medios de cobro, lo que implica realizar todas las diligencias pertinentes para hacer efectivo el derecho, quedando a criterio del servicio ponderar cuándo las gestiones se entienden culminadas. Además, el transcurso del tiempo y la cuantía de la deuda son factores a considerar. En el caso concreto, la Defensoría Penal Pública ha ejercido gestiones judiciales y administrativas sin éxito, por lo que se autoriza la solicitud de castigo de dichos créditos como incobrables.

Normas citadas

  • ley 18382 art/19 inc/1
  • ley 18382 art/19 inc/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Procede declarar incobrable un crédito por remuneraciones pagadas en exceso a un exfuncionario público en Chile?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que sí procede, siempre que el servicio solicite autorización a los Ministerios de Justicia y de Hacienda para castigar el crédito como incobrable. Previamente deben agotarse prudencialmente los medios de cobro.

¿Qué significa agotar prudencialmente los medios de cobro antes de declarar incobrable una deuda con el Estado?

Según este dictamen, implica realizar todas las diligencias pertinentes para hacer efectivo el derecho, quedando a criterio del servicio ponderar cuándo las gestiones se entienden culminadas. El transcurso del tiempo y la cuantía de la deuda son factores a considerar.

¿La Defensoría Penal Pública puede pedir el castigo de créditos por remuneraciones en exceso si las gestiones de cobro fracasaron?

En este caso, la Contraloría autorizó a la Defensoría Penal Pública a solicitar el castigo de estos créditos como incobrables, porque ya había ejercido gestiones judiciales y administrativas sin éxito.

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