La Corte Suprema confirmó el rechazo de un recurso de amparo económico presentado por l…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte Suprema confirmó el rechazo de un recurso de amparo económico presentado por locatarios de un mercado mayorista contra restricciones de acceso y cobros de ingreso. El tribunal concluyó que no se acreditaron fehacientemente los actos ilegales o arbitrarios denunciados, porque no se acompañó el instrumento que contenía la regulación impugnada. Además, un voto de prevención del abogado integrante sostuvo que el amparo económico de la Ley N°18.971 tutela la libertad económica frente a transgresiones del Estado empresario al artículo 19 N°21 inciso 2° de la Constitución, pero no el derecho del inciso 1° a desarrollar actividades económicas lícitas, pues esa acción popular carece de idoneidad para proteger el derecho subjetivo de particulares afectados, considerando su plazo de seis meses frente a los treinta días del recurso de protección. Por ello, la acción fue rechazada.
Normas citadas
Ley 18.971
amparo económicoLey 18.971libertad económicaartículo 19 N°21 ConstituciónEstado empresarioacción popularrecurso de protecciónMercado Lo Valledor
Preguntas frecuentes
¿Qué protege exactamente el recurso de amparo económico de la Ley 18.971?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo, en un voto de prevención, que el amparo económico tutela la libertad económica frente a transgresiones del Estado empresario al artículo 19 N°21 inciso 2° de la Constitución, pero no el derecho del inciso 1° a desarrollar actividades económicas lícitas.
¿Se puede usar el amparo económico para proteger el derecho a desarrollar una actividad económica lícita?
En este caso, la Corte Suprema concluyó que esa acción popular carece de idoneidad para proteger el derecho subjetivo de particulares afectados, considerando su plazo de seis meses frente a los treinta días del recurso de protección.
¿Qué pasa si no se acompaña el instrumento que contiene la regulación impugnada en un amparo económico?
En este caso, la Corte Suprema confirmó el rechazo del recurso porque no se acreditaron fehacientemente los actos ilegales o arbitrarios denunciados, al no acompañarse el instrumento que contenía la regulación impugnada.
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