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La Corte Suprema rechazó una acción de amparo económico deducida contra la administraci…

Sentencia · Corte Suprema · 2024

Resumen

La Corte Suprema rechazó una acción de amparo económico deducida contra la administración de un condominio que impidió la instalación de un almacén comercial. El tribunal analizó la naturaleza de este recurso, creado por la Ley N° 18.971 para tutelar la libertad económica frente a la actividad empresarial del Estado. Concluyó que el amparo económico no es un instrumento idóneo para proteger la garantía del artículo 19 N° 21 inciso 1° de la Constitución, que ampara el derecho a desarrollar una actividad económica lícita. Entre las razones, señaló la incongruencia de plazos entre este recurso (seis meses para cualquier tercero) y el de protección (treinta días para el directamente afectado), y la falta de facultades cautelares inmediatas. Por ello, la acción fue desestimada.

Normas citadas

  • Ley N° 18.971 (Amparo Económico)
  • Artículo 19 N° 21 inciso 1° de la Constitución Política de la República
  • Artículo 19 N° 21 inciso 2° de la Constitución Política de la República
  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República (Recurso de Protección)
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Preguntas frecuentes

¿Procede el amparo económico para impugnar que la administración de un condominio impida instalar un almacén comercial?

En este caso, la Corte Suprema rechazó la acción de amparo económico y concluyó que no es un instrumento idóneo para proteger la libertad de desarrollar una actividad económica lícita frente a actos de la administración de un condominio.

¿El recurso de amparo económico es la vía adecuada para proteger la libertad económica del artículo 19 N° 21 de la Constitución?

Según este fallo, la Corte Suprema sostuvo que el amparo económico, creado por la Ley N° 18.971 para tutelar la libertad económica frente a la actividad empresarial del Estado, no es idóneo para proteger la garantía del inciso 1° del artículo 19 N° 21.

¿Por qué la Corte Suprema desestimó el amparo económico en este caso?

El tribunal señaló la incongruencia de plazos entre el amparo económico, que da seis meses a cualquier tercero, y el recurso de protección, que da treinta días al directamente afectado, además de la falta de facultades cautelares inmediatas.

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