El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una sociedad querellante, que cuestionó la facultad del Ministerio Público de no perseverar en un procedimiento penal, por estimar que vulneraba su derecho a la acción penal. El Tribunal acogió el requerimiento. Sostuvo que la facultad de no perseverar no es irracional ni impide el ejercicio de la acción penal, pues el querellante puede ser oído en la audiencia respectiva. La decisión del fiscal debe ser ponderada por el juez de garantía, quien resuelve con todos los antecedentes si la acepta o la rechaza. La sentencia fue redactada por el Ministro R.P.F., con una disidencia y una prevención.
Normas citadas
Artículo 248, letra c) del Código Procesal Penal
Artículo 259, inciso final del Código Procesal Penal
Artículo 83, inciso segundo de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 3, incisos tercero y sexto de la Constitución Política de la República
Artículo 28 letra a) de la Ley N° 19.039
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Preguntas frecuentes
¿Puede el Ministerio Público no perseverar en un procedimiento penal sin que se vulnere el derecho del querellante a la acción penal?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la facultad de no perseverar no es irracional ni impide el ejercicio de la acción penal, porque el querellante puede ser oído en la audiencia respectiva. Sin embargo, acogió el requerimiento de inaplicabilidad presentado por la sociedad querellante.
¿Quién decide si se acepta o se rechaza la decisión del fiscal de no perseverar en el procedimiento?
En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que la decisión del fiscal debe ser ponderada por el juez de garantía, quien resuelve con todos los antecedentes si la acepta o la rechaza.
¿Qué efecto tuvo el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en la facultad de no perseverar del Ministerio Público?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento presentado por la sociedad querellante, que cuestionaba esa facultad por estimar que vulneraba su derecho a la acción penal. La sentencia fue redactada por un ministro, con una disidencia y una prevención.
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