El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referido a artículos del Código Procesal Penal que regulan la facultad del Ministerio Público de no perseverar en la investigación. La parte requirente sostuvo que esa facultad, ejercida sin control judicial, vulnera el derecho a la acción penal del querellante y el debido proceso. La sentencia concluyó que resulta necesario que el ejercicio de esa atribución sea evaluado por el juez de garantía en la audiencia correspondiente, donde los intervinientes pueden exponer su posición, y que el juez decide si acepta o rechaza la decisión de no perseverar. Una disidencia estimó que la norma es constitucional.
Normas citadas
Artículo 248, letra c) del Código Procesal Penal
Artículo 259, inciso final del Código Procesal Penal
Artículo 83, inciso segundo de la Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes
¿El Ministerio Público puede decidir no perseverar en la investigación sin control del juez de garantía?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad y concluyó que la decisión de no perseverar debe ser evaluada por el juez de garantía en la audiencia correspondiente, donde los intervinientes pueden exponer su posición. El juez decide si acepta o rechaza esa decisión.
¿Puede el querellante reclamar cuando el fiscal decide no perseverar en la investigación penal?
En este caso, la parte requirente sostuvo que la facultad de no perseverar, ejercida sin control judicial, vulnera el derecho a la acción penal del querellante y el debido proceso. El Tribunal acogió el requerimiento, por lo que el querellante puede exponer su posición ante el juez de garantía.
¿Es constitucional la facultad del fiscal de no perseverar en la investigación según el Código Procesal Penal?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad referido a los artículos que regulan esa facultad, por lo que no las aplicó al caso concreto. Una de las ministras o ministros disidentes estimó, en cambio, que la norma es constitucional.
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