La Contraloría General de la República se pronunció sobre si el personal de las univers…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2019
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si el personal de las universidades del Estado que cesó en sus funciones para acogerse al beneficio compensatorio del artículo 9° de la ley N° 20.374, entre la publicación de la ley N° 20.996 y la entrada en vigencia de su reglamento, puede acceder a la bonificación adicional que establece esta última ley. El dictamen concluye que sí, ya que la ley no contiene ningún texto expreso que excluya a ese personal, y sostener lo contrario generaría una diferencia sin fundamento. Por ello, los funcionarios que cesaron entre el 10 de febrero y el 1 de diciembre de 2017, ambas fechas inclusive, tienen derecho a la bonificación, siempre que cumplan los demás requisitos legales y reglamentarios. Asimismo, podrán participar en el primer periodo de postulación, correspondiente a quienes alcanzaron las edades requeridas entre enero de 2015 y diciembre de 2017.
Normas citadas
ley 20996 art/1
ley 20996 art/13
ley 20996 art/primero tran
ley 20374 art/9
dto 200/2017 educa art/7 lt/a
DTO 200/2017 educa art/7 lt/a num/i
dto 200/2017 educa art/7 lt/a num/ii
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa con el personal universitario que cesó entre la publicación de la ley 20.996 y la entrada en vigencia de su reglamento?
En este caso, la Contraloría sostuvo que quienes cesaron en ese intervalo, comprendido entre el 10 de febrero y el 1 de diciembre de 2017, tienen derecho a la bonificación, siempre que cumplan los demás requisitos legales y reglamentarios.
¿Pueden postular al primer periodo de la bonificación de la ley 20.996 los funcionarios que cesaron en ese intervalo?
En este caso, la Contraloría indicó que podrán participar en el primer periodo de postulación, correspondiente a quienes alcanzaron las edades requeridas entre enero de 2015 y diciembre de 2017.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.