Resumen del criterio jurisprudencial
El Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público interpusieron un recurso de queja contra los integrantes de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministro Omar Astudillo Contreras y fiscal judicial Clara Carrasco Andonie, por haber acogido un reclamo de ilegalidad y ordenado la entrega de material formativo del Ministerio Público sobre delitos económicos. Los recurrentes alegaron que los jueces incurrieron en faltas graves al ordenar la entrega de información reservada, vulnerando el artículo 21 N°1 letra a) de la Ley N°20.285 y el artículo 182 del Código Procesal Penal, y al no considerar la extemporaneidad del reclamo. La Corte Suprema analizó el recurso y concluyó que los jueces recurridos no cometieron faltas o abusos graves, pues se limitaron a interpretar la normativa aplicable. El tribunal destacó que el material solicitado forma parte de la estrategia operativa del Ministerio Público y su divulgación podría afectar la prevención y persecución de delitos económicos. Sin embargo, la decisión de los jueces no constituyó un ejercicio abusivo de sus atribuciones, por lo que se rechazó el recurso de queja. La sentencia fue redactada por la abogada integrante Andrea Ruiz, con una prevención y un voto disidente no especificados.