La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración presen…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración presentada por un municipio respecto del oficio N° 36.795, de 2015, y confirmó dicho oficio en todas sus partes. El municipio argumentó que había optado por camiones distintos a los previstos en el catálogo por razones de eficacia y eficiencia, que el funcionario a cargo de la compra estaba contratado a honorarios y que no hubo perjuicio al patrimonio municipal. El órgano contralor no aceptó esos argumentos porque no se acompañaron nuevos antecedentes que justificaran modificar la observación. Aclaró que el sumario no apunta a un servidor particular, sino a determinar responsabilidades administrativas en el proceso de compra. Aunque la persona a cargo de las compras no es funcionaria por estar a honorarios y no puede ser sumariada, el procedimiento sí debe instruirse respecto del resto de los servidores involucrados. Se ordenó remitir copia del decreto alcaldicio que disponga el sumario en un plazo de 15 días hábiles.
Normas citadas
Oficio N° 36.795, de 2015
Ley N° 19.886
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede un municipio apartarse del catálogo de bienes al comprar camiones alegando eficacia y eficiencia?
En este caso, la Contraloría General de la República no aceptó esa justificación, porque el municipio no acompañó nuevos antecedentes que permitieran modificar la observación del oficio que confirmó.
¿Se puede sumariar a un funcionario contratado a honorarios que participó en una compra municipal?
Según este dictamen, la persona a honorarios no es funcionaria y no puede ser sumariada, pero el procedimiento sí debe instruirse respecto de los demás servidores involucrados en el proceso de compra.
¿Qué alcance tiene un sumario administrativo por irregularidades en una compra municipal?
En este caso, la Contraloría aclaró que el sumario no apunta a un servidor en particular, sino a determinar responsabilidades administrativas en el proceso de compra, ordenando remitir el decreto alcaldicio que lo disponga en 15 días hábiles.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
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