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La Contraloría General de la República rechazó una solicitud de reconsideración del dic…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República rechazó una solicitud de reconsideración del dictamen N° 21.083, de 2015, que había desestimado un reclamo de ilegalidad interpuesto por un exfuncionario de la Municipalidad de Huechuraba contra su destitución. El recurrente alegaba que el afectado no estaba impedido de tramitar el proceso judicial, cuestionaba la responsabilidad en el segundo reproche, sostenía que la investigación no estaba agotada y que la sanción era desproporcionada. El organismo concluyó que no se aportaron antecedentes nuevos y confirmó el dictamen en todas sus partes. Respecto de la proporcionalidad, afirmó que, conforme al artículo 63, letras c) y d), de la ley N° 18.695, corresponde al alcalde, como titular de la potestad disciplinaria, ponderar las circunstancias de la sanción, por lo que no procede un pronunciamiento de la Contraloría sobre esa decisión.

Normas citadas

  • ley 18695 art/63 lt/c
  • ley 18695 art/63 lt/d
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿La Contraloría puede revisar si la sanción de destitución de un funcionario municipal fue desproporcionada?

En este caso, la Contraloría sostuvo que, conforme al artículo 63, letras c) y d), de la ley N° 18.695, corresponde al alcalde, como titular de la potestad disciplinaria, ponderar las circunstancias de la sanción, por lo que no procede un pronunciamiento del organismo sobre la proporcionalidad de la decisión.

¿Procede la reconsideración de un dictamen de la Contraloría si el recurrente no aporta antecedentes nuevos?

En este caso, la Contraloría rechazó la solicitud de reconsideración porque no se aportaron antecedentes nuevos, y confirmó en todas sus partes el dictamen N° 21.083, de 2015, que había desestimado el reclamo de ilegalidad contra la destitución.

¿Qué alegaciones de un exfuncionario municipal destituido fueron analizadas en un reclamo de ilegalidad ante la Contraloría?

En este caso, el recurrente alegó que el afectado no estaba impedido de tramitar el proceso judicial, cuestionó su responsabilidad en el segundo reproche, sostuvo que la investigación no estaba agotada y que la sanción era desproporcionada.

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