La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control de legalidad de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2013
Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control de legalidad de ocho resoluciones de 2013 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, que disponían el alta administrativa de personas indicadas en esos actos. El organismo fundó su decisión en que tales resoluciones no están sujetas al trámite de toma de razón, conforme a la resolución N° 1.600, de 2008, de la propia Contraloría. En consecuencia, remitió los documentos y precisó que se aplicarán a su respecto los controles de reemplazo del Título VI de dicha resolución.
Normas citadas
res 1600/2008 contr tit/vi
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Deben tomar razón en la Contraloría las resoluciones que disponen el alta administrativa de personas?
En este caso, la Contraloría General sostuvo que las resoluciones de alta administrativa dictadas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud no están sujetas a toma de razón, según la resolución N° 1.600 de 2008. Por eso se abstuvo de ejercer el control y remitió los documentos.
¿Qué controles se aplican a actos administrativos que no están sujetos a toma de razón según la resolución 1.600 de 2008?
En este caso, el organismo precisó que a estas resoluciones se les aplicarán los controles de reemplazo previstos en el Título VI de la resolución N° 1.600 de 2008. Esta respuesta se limita a lo indicado en el resumen público del dictamen.
¿Puede la Contraloría abstenerse de controlar la legalidad de un acto de la Administración del Estado?
En este caso, la Contraloría General se abstuvo de ejercer el control de legalidad de ocho resoluciones de 2013 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana. Fundó la decisión en que dichos actos no están sujetos a toma de razón conforme a la resolución N° 1.600 de 2008.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.