El Tribunal Constitucional conoció de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstit…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso primero, segunda parte, del artículo 196 ter de la Ley N° 18.290, en la parte que dispone la suspensión de la ejecución de penas sustitutivas por un año, con la consiguiente obligación de cumplir efectivamente la pena privativa de libertad. La cuestión se planteó en el marco de un conflicto suscitado entre el Juzgado de Policía Local de Dalcahue y la Fiscalía Local de Castro del Ministerio Público. El fallo acoge parcialmente el requerimiento y declara inaplicable dicha norma en esa parte, por estimar que la restricción genérica que impone resulta desproporcionada y vulnera los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley y debido proceso del artículo 19 de la Constitución, además de limitar la independencia judicial y la finalidad resocializadora de las penas sustitutivas. El Tribunal sostuvo que la suspensión no cumple fines preventivos ni resocializadores y que debe respetarse la subsidiariedad del Derecho Penal.
Normas citadas
artículo 196 ter, de Ley N° 18.290
artículo 195, de Ley N° 18.290
artículo 195 bis, de Ley N° 18.290
Tribunal ConstitucionalCCOComposiciónCotizaciones De SaludDerecho Penal MilitarFunción Social De La PropiedadProcedimiento concursalMinistros
Preguntas frecuentes
¿Puede un juez de policía local dejar de aplicar un precepto de la Ley de Tránsito que impone una restricción genérica a las penas sustitutivas?
Sí, según este fallo, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable en esta causa la norma que imponía una suspensión genérica de un año de las penas sustitutivas, por limitar la independencia judicial y ser contraria a la finalidad resocializadora de estas penas.
¿Cumple alguna finalidad preventiva o resocializadora la suspensión de las penas sustitutivas que establece el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que dicha suspensión no cumple fines preventivos ni resocializadores, y recordó que debe respetarse la subsidiariedad del Derecho Penal al aplicar estas penas.
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