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La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo por la supuesta ot…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo por la supuesta otorgación irregular de una patente comercial por parte de la Municipalidad de San Bernardo, cuyo procedimiento de invalidación se estaría dilatando injustificadamente, además de cuestionarse la conducta del director de obras, que según el recurrente se negaría a aplicar la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza. La entidad edilicia informó que, a petición del recurrente, inició el proceso de invalidación, confiriendo traslado a los beneficiarios de la autorización conforme al artículo 53 de la ley N° 19.880, y que ordenó instruir un sumario administrativo. El organismo concluyó que la autoridad municipal debe adoptar medidas para concluir el procedimiento de invalidación a la brevedad, pues su dilación injustificada podría vulnerar el principio de celeridad de los artículos 7° de la ley N° 19.880 y 3°, 5° y 8° de la ley N° 18.575. Por ello, ordenó informar, dentro de 20 días hábiles, el estado del procedimiento de invalidación y el término del sumario disciplinario ya ordenado.

Normas citadas

  • ley 19880 art/53
  • ley 19880 art/7
  • ley 18575 art/3
  • ley 18575 art/5
  • ley 18575 art/8
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué plazo tiene la Administración para resolver un procedimiento de invalidación de un acto administrativo y qué ocurre si se dilata injustificadamente?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la Municipalidad debe concluir el procedimiento de invalidación a la brevedad, porque su dilación injustificada podría vulnerar el principio de celeridad de los artículos 7° de la ley N° 19.880 y 3°, 5° y 8° de la ley N° 18.575. Ordenó además informar el estado del procedimiento en 20 días hábiles.

¿Debe la Administración dar traslado a los beneficiarios de un acto que se pretende invalidar?

En este caso, la Municipalidad confirió traslado a los beneficiarios de la autorización conforme al artículo 53 de la ley N° 19.880 al iniciar el proceso de invalidación, a petición de quien reclamó. La Contraloría no cuestionó esa actuación, sino la demora posterior del procedimiento.

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