Resumen
La Contraloría General de la República representó la resolución de la Subdirección Operativa de la Policía de Investigaciones de Chile, que puso término a un sumario administrativo y aplicó medidas disciplinarias a funcionarios. Según el dictamen, la resolución no se ajustó a derecho respecto de un comisario, a quien se había impuesto originalmente una amonestación simple que no fue recurrida, y que luego fue elevada por la autoridad superior sin darle oportunidad de impugnar la nueva sanción. La Contraloría fundó su decisión en su jurisprudencia previa, en el artículo 19 N° 3 de la Constitución y en los artículos 4, 15, 41 y 59 de la ley N° 19.880, que garantizan el derecho a recurrir. Por ello ordenó que se notifique al afectado la sanción determinada, para que pueda interponer los recursos de reposición y jerárquico, y que después se dicte la resolución de término que corresponda.