Resumen
La Contraloría General de la República devolvió sin tramitar la resolución N° 28, de 2010, de la Policía de Investigaciones de Chile, que aprobaba un sumario administrativo y aplicaba medidas disciplinarias. El organismo concluyó que, al cesar en sus funciones los servidores involucrados durante la tramitación del procedimiento, la responsabilidad administrativa se rige por el Estatuto Administrativo (Ley N° 18.834), en particular sus artículos 147 y 157 letra b). Por ello, dispuso el sobreseimiento de uno de los funcionarios, que había cesado antes de iniciarse el proceso, y ordenó anotar en las hojas de vida las sanciones de los otros dos, cuyo término de servicios ocurrió durante el sumario. Finalmente, devolvió los antecedentes a la institución para que subsane las observaciones formuladas.