Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 14, de 2012, de la Policía de Investigaciones de Chile, que aplicó la medida disciplinaria de separación a un exfuncionario y desestimó su reclamo. El dictamen descartó vicios de validez en el proceso sumarial: los plazos administrativos no son fatales y su incumplimiento no invalida el acto, sin perjuicio de responsabilidades funcionarias. También concluyó que la denuncia de los hechos ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte era procedente, conforme a la ley N° 18.834 y al Código Procesal Penal, al existir actuaciones que podrían constituir delito. Respecto de las alegaciones de hostigamiento y persecución laboral, la Contraloría se abstuvo de pronunciarse, porque esa materia está sometida a un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, según el artículo 6° de la ley N° 10.336. Por no advertir decisiones arbitrarias ni irregularidades, el organismo declaró la resolución ajustada a derecho.