Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de pronunciarse sobre la legalidad de la calificación de una funcionaria de la Fuerza Aérea, que fue incluida en lista 3 y luego en la lista anual de retiros tras dictarse una sentencia judicial. Respecto de la alegación de indefensión, el organismo concluyó que la responsabilidad de los funcionarios castrenses puede determinarse mediante una investigación sumaria o mediante diligencias preliminares, ambas compatibles con el debido proceso, y que la recurrente pudo defenderse e interponer los recursos reglamentarios, sin que se acreditara indefensión. En cuanto a la alegación de discriminación por ser mujer, la estimó una apreciación subjetiva sin antecedentes que la respaldaran. Sobre el supuesto acoso laboral, por no existir documentos que lo fundamentaran, la Contraloría se abstuvo de emitir pronunciamiento, criterio que aplicó igualmente en el dictamen N° 61.698, de 2011.