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La Contraloría General de la República complementó su dictamen N° 14.029, de 2014, rela…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República complementó su dictamen N° 14.029, de 2014, relativo a la Municipalidad de Río Bueno, en favor de un funcionario que desempeñó el cargo de director de administración y finanzas, correspondiente a grado 8 directivo, pero que fue nombrado irregularmente en grado 9 y percibió esas remuneraciones. El organismo fiscalizador consideró que el trabajador actuó de buena fe y que el error fue de la Administración, por lo que no puede perjudicarlo. Con base en su jurisprudencia, resolvió que el municipio debe pagarle las diferencias de remuneraciones que correspondan por el período reclamado, y que debe informar el cumplimiento a la Contraloría Regional de Los Ríos en un plazo de 15 días hábiles.

Normas citadas

  • Ley 18695 art/29
  • dfl 231/19231/94 inter art/3
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Debe un municipio devolver remuneraciones percibidas por un funcionario nombrado irregularmente en un grado superior si este actuó de buena fe?

En este caso, la Contraloría General de la República resolvió que, por haber actuado el funcionario de buena fe y ser el error imputable a la Administración, el municipio no puede perjudicarlo. Por ello, ordenó pagarle las diferencias de remuneraciones que correspondan por el período reclamado.

¿Qué plazo tiene una municipalidad para informar a la Contraloría el cumplimiento de un dictamen que ordena pagar diferencias de remuneraciones?

En este caso, la Contraloría fijó que el municipio debe informar el cumplimiento a la Contraloría Regional de Los Ríos en un plazo de 15 días hábiles. Esta obligación se impuso como parte del complemento del dictamen N° 14.029, de 2014.

¿Puede la Contraloría complementar un dictamen anterior en favor de un funcionario municipal que reclama diferencias de grado?

En este caso, la Contraloría complementó su dictamen N° 14.029, de 2014, en favor de un director de administración y finanzas nombrado irregularmente en grado 9 en vez de grado 8. Lo hizo con base en su jurisprudencia, aplicando la Ley 18.695 y el DFL 1/19.653.

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