La Contraloría General de la República concluyó que la Municipalidad de San Miguel no p…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2025
Resumen
La Contraloría General de la República concluyó que la Municipalidad de San Miguel no podía destinar a fines distintos del educacional un inmueble que le fuera traspasado por el Ministerio de Educación. El dictamen constató que la entidad edilicia dio en comodato una porción del bien a una corporación municipal para talleres comunales, que el terreno fue subdividido en cinco lotes sin que el loteo constara inscrito en el Conservador de Bienes Raíces ni contara con autorización de la SEREMI, y que uno de esos lotes se usó para la Oficina de Protección de los Derechos del Niño, programa del Servicio Nacional de Protección Especializada, actividad ajena a los fines educacionales. Según el organismo, el municipio vulneró el convenio de 1986 que exigía destinar el bien exclusivamente a la educación. Por ello, debe regularizar la situación en coordinación con la Subsecretaría de Educación y la Dirección de Educación Pública.
Normas citadas
DL 3063/79 art/38 inc/2
DFL 1/3063/80 inter art/12
ley 21040 art/octavo tran inc/1
ley 21040 art/noveno tran inc/1
ley 21040 art/undécimo tran
DTO 315/2010 educa art/2
DTO 315/2010 educa art/15
DTO 315/2010 educa art/24
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Puede una municipalidad destinar a otros fines un inmueble que le traspasó el Ministerio de Educación?
No. En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la municipalidad no podía destinar a fines distintos del educacional un inmueble traspasado por el Ministerio de Educación, porque vulneró el convenio que exigía usarlo exclusivamente para educación.
¿Qué pasa si un municipio subdivide un terreno educacional sin inscribir el loteo ni tener autorización de la SEREMI?
En este caso, el dictamen constató que el terreno fue subdividido en cinco lotes sin que el loteo constara inscrito en el Conservador de Bienes Raíces ni contara con autorización de la SEREMI, irregularidades que la Contraloría observó junto con el uso ajeno a la educación.
¿Qué debe hacer una municipalidad que usó un bien educacional para fines ajenos a la educación?
Según la Contraloría, en este caso el municipio debe regularizar la situación en coordinación con la Subsecretaría de Educación y la Dirección de Educación Pública, dado que dio en comodato parte del bien y destinó un lote a un programa del Servicio Nacional de Protección Especializada.
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