Resumen
La Contraloría General de la República examinó la legalidad del decreto exento N° 1.336, de 2012, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fijó cuotas globales anuales de captura para unidades de pesquería en estado de plena explotación para el año 2013. El organismo concluyó que el decreto no vulneró el ordenamiento jurídico al momento de su dictación. Se fundó en que, como la Ley General de Pesca y Acuicultura N° 19.713 solo fue modificada por la Ley N° 20.657 en febrero de 2013, la materia debía regirse por la Ley N° 18.892, cuyo artículo 147 A contenía las reglas de fraccionamiento aplicables. Posteriormente, el decreto exento N° 195, de 2013, modificó las cuotas para ajustarlas al fraccionamiento entre el sector artesanal e industrial establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley N° 20.657, pero ello no implicó ilegalidad del decreto original, que actuó en cumplimiento del mandato legal vigente.