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La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración del di…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración del dictamen N° 65.052, de 2013, que se pronunció sobre la legalidad de la declaración de caducidad de la inscripción de una embarcación en el Registro Pesquero Artesanal. Se confirmó que la nave no presentó operaciones por más de 41 meses antes de la resolución que declaró la caducidad, excediendo los plazos razonables. El retardo en emitir dicha resolución, pese a que la ley imponía la obligación de dictarla, vulneró los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y celeridad administrativa. Al no aportarse nuevos antecedentes, se mantuvo lo resuelto, ordenando a la jefatura respectiva iniciar un procedimiento sumarial para determinar la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados en el retraso.

Normas citadas

  • dto 430/92 econo art/55
  • ley 18575 art/3 inc/2
  • ley 18575 art/8
  • ley 19880 art/7
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si una embarcación inscrita en el Registro Pesquero Artesanal no opera por un largo período?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la caducidad de la inscripción procedía porque la nave no tuvo operaciones por más de 41 meses antes de la resolución que la declaró. Sin embargo, el retardo en dictar esa resolución vulneró los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y celeridad administrativa.

¿Puede la Contraloría reconsiderar un dictamen que ya emitió sobre la caducidad de una inscripción pesquera?

En este caso, la Contraloría desestimó la solicitud de reconsideración del dictamen que se había pronunciado sobre la legalidad de la caducidad. Al no aportarse nuevos antecedentes, mantuvo lo resuelto anteriormente.

¿Qué consecuencias puede tener para los funcionarios públicos la demora en dictar una resolución de caducidad administrativa?

En este caso, la Contraloría ordenó a la jefatura respectiva iniciar un procedimiento sumarial para determinar la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados en el retraso.

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