Resumen
La Contraloría General de la República reconsideró el Oficio N° 4.576, de 2012, de su Oficina Regional de Coquimbo, que se refería a la facultad de las municipalidades para exigir en las bases de un concurso público una declaración jurada de salud compatible con el cargo. El organismo concluyó que, aunque esa declaración no sirve para acreditar la exigencia de salud del artículo 10, letra c), de la Ley N° 18.883, pudo ser pedida en la postulación porque se requirió a todos los participantes. Añadió que aceptar candidatos que no la acompañaron habría vulnerado la igualdad entre postulantes y la sujeción estricta a las bases. Por ello, dio por ajustadas a derecho las designaciones impugnadas y estimó innecesario pronunciarse sobre los demás argumentos. Además, aclaró que el registro de decretos alcaldicios es una mera anotación material y no un control preventivo de legalidad.