La Contraloría General de la República se pronunció sobre la validez de un concurso púb…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la validez de un concurso público municipal en el que se cuestionaron los nombramientos efectuados. El dictamen sostiene que un vicio de forma sólo afecta la validez de un acto administrativo cuando recae en un requisito esencial y causa perjuicio al interesado. Advierte que la demora en proveer el cargo vacante podría afectar los principios de eficiencia, eficacia y continuidad del servicio público, y recuerda que las condiciones para un empleo público no previstas en la Constitución o las leyes contravienen el principio de juridicidad. Concluye que, al ponderar la potestad invalidatoria con la buena fe y la seguridad jurídica, la Administración no puede afectar a terceros que accedieron de buena fe a los cargos concursados, situación que se aplica a una de las nombradas. Por ello, se reconsideran los oficios de 2011 de la Contraloría Regional de Coquimbo.
Normas citadas
ley 18883 art/19
ley 19378 art/4
ley 19880 art/13
ley 18575 art/3 pol art/6 inc/1
pol art/7
ley 18575 art/10
ley 19880 art/53
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Un vicio de forma en un acto administrativo siempre lo hace nulo?
No necesariamente. En este caso, la Contraloría sostuvo que un vicio de forma sólo afecta la validez del acto cuando recae en un requisito esencial y causa perjuicio al interesado.
¿La Administración puede invalidar nombramientos en un concurso público si quienes fueron nombrados actuaron de buena fe?
En este caso, la Contraloría concluyó que, al ponderar la potestad invalidatoria con la buena fe y la seguridad jurídica, la Administración no puede afectar a terceros que accedieron de buena fe a los cargos concursados, situación aplicada a una de las nombradas.
¿Qué pasa si un municipio demora en proveer un cargo vacante por cuestionamientos al concurso?
En este caso, la Contraloría advirtió que esa demora podría afectar los principios de eficiencia, eficacia y continuidad del servicio público, y recordó que las condiciones para un empleo público no previstas en la Constitución o las leyes contravienen el principio de juridicidad.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
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