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La Contraloría General de la República no dio curso a la resolución 665, de 2010, de la…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

Resumen

La Contraloría General de la República no dio curso a la resolución 665, de 2010, de la Dirección de Vialidad, que aprobaba una indemnización y un convenio vinculados al contrato de asesoría a la inspección fiscal del mejoramiento de la Ruta L-202, sector Villa Alegre Putagán, en la Provincia de Linares, VII Región. El organismo concluyó que el acto no se ajustaba a derecho, pues el pago indemnizatorio no procedía conforme al artículo 60 del decreto N° 48 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para C.T.C.. La razón fue que el perjuicio tuvo su origen en la disminución del valor de la asesoría, producida por la reducción de su plazo para ajustarlo a la duración de la obra, y no en una modificación de servicios indemnizable en los términos de dicha norma.

Normas citadas

  • dto 48/94 Moopp art/60
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Procede indemnizar a un asesor de inspección fiscal de obras públicas cuando su contrato se acorta para ajustarse al plazo de la obra?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que no procedía la indemnización, porque el perjuicio provino de la reducción del valor de la asesoría al acortar su plazo, y no de una modificación de servicios indemnizable conforme al artículo 60 del decreto N° 48 de 1994 del MOP.

¿Puede la Dirección de Vialidad aprobar una indemnización no prevista en el artículo 60 del decreto N° 48 de 1994?

En este caso, la Contraloría no dio curso a la resolución que aprobaba una indemnización y un convenio vinculados al contrato de asesoría, por considerar que el acto no se ajustaba a derecho al no cumplirse los supuestos del artículo 60 del decreto N° 48 de 1994.

¿Qué efecto tiene la reducción del plazo de un contrato de asesoría sobre su valor para efectos de reclamar pagos adicionales al Estado?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la disminución del valor del contrato, producida por la reducción de su plazo para ajustarlo a la duración de la obra, no genera por sí sola un derecho a pago indemnizatorio conforme a la normativa de obras públicas.

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