Resumen
La Contraloría General de la República no tomó razón de la resolución 865, de 2010, de la Dirección de Vialidad, que aprobaba una indemnización vinculada a un contrato de asesoría a la inspección fiscal de un proyecto de mejoramiento de la Ruta S-46, en la provincia de Cautín, IX Región. El organismo fundó su decisión en dos observaciones. Primero, declaró improcedente el pago, porque la reducción del valor del estudio provenía de un balance final de trabajos pactados a precios unitarios, donde corresponde pagar sólo lo efectivamente ejecutado, y no de una modificación del contrato en los términos del artículo 58 del reglamento de consultorías, único supuesto que haría procedente ese beneficio. Segundo, observó que los servicios terminaron el 13 de julio de 2008, mientras que el convenio que se pretendía sancionar era de octubre de 2010, sin antecedentes que justificaran esa dilación.