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La Contraloría General de la República se pronunció sobre una presentación relativa a d…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una presentación relativa a dos juicios de cuentas de 2010 seguidos ante el Tribunal de Cuentas, en los que no se demandó a una exfuncionaria municipal. El organismo concluyó que procedía no demandarla, porque la calidad de cuentadante, que exige estar a cargo de fondos o bienes del Estado y haber causado detrimento al patrimonio municipal, la tenían el alcalde y los directores de administración y finanzas, quienes suscribieron los decretos de pago. Respecto de la eventual responsabilidad penal, precisó que el Tribunal de Cuentas solo determinó responsabilidad civil de los demandados por conductas culposas, y que la acción penal se encontraría prescrita por el tiempo transcurrido desde los hechos.

Normas citadas

  • ley 10336 art/60
  • ley 10336 art/61
  • ley 10336 art/1
  • ley 18695 art/54
  • ley 10336 art/139
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Un funcionario municipal sin facultades de pago puede ser demandado como cuentadante ante el Tribunal de Cuentas?

En este caso, la Contraloría General sostuvo que no procedía demandar a una exfuncionaria municipal, porque la calidad de cuentadante exige estar a cargo de fondos o bienes del Estado y haber causado detrimento, y esa calidad la tenían el alcalde y los directores de administración y finanzas, quienes suscribieron los decretos de pago.

¿Qué requisitos debe reunir un cuentadante para responder en un juicio de cuentas?

Según este dictamen, el cuentadante debe estar a cargo de fondos o bienes del Estado y haber causado detrimento al patrimonio municipal. En este caso, la Contraloría concluyó que esos requisitos no se cumplían respecto de la exfuncionaria.

¿Puede prosperar la acción penal por hechos ocurridos hace años en un municipio si el Tribunal de Cuentas solo determinó responsabilidad civil?

En este caso, la Contraloría precisó que el Tribunal de Cuentas solo determinó responsabilidad civil de los demandados por conductas culposas, y que la acción penal se encontraría prescrita por el tiempo transcurrido desde los hechos.

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