Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 1.071, de 2013, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, tras revisar la impugnación de una funcionaria de la Policía de Investigaciones de Chile que había sido declarada no apta para su cargo por la comisión médica institucional. El órgano concluyó que la determinación sanitaria no puede ser desvirtuada con certificados emitidos por médicos particulares y que la integración de la comisión se rige por el decreto N° 32, de 1976, del Ministerio de Defensa Nacional, y no por la orden interna invocada, cuya composición sí se cumplió. Además, desestimó la alegación de resoluciones médicas divergentes por falta de antecedentes que la respalden. Respecto de la pensión de invalidez, precisó que se requiere que la comisión declare una enfermedad invalidante al momento del alejamiento, lo que no ocurrió, y que la suspensión de los actos derivados solo puede ser decretada por la Administración conforme al artículo 57 de la ley N° 19.880.