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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información presentado…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información presentado contra la Universidad de Santiago de Chile, que había denegado una solicitud de antecedentes sobre una académica de la institución, específicamente los cursos que dictó y sus publicaciones en los últimos cinco años. Un tercero involucrado se opuso a la entrega. El Consejo ordenó la entrega de esa información, con tarjado de los datos personales, al estimar que la transparencia en el ejercicio de la función pública prevalece sobre la oposición del tercero. La resolución indica que contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en un plazo de 15 días corridos desde su notificación, con las excepciones previstas en la Ley de Transparencia.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 19.628
  • Oficio N° 57
  • Oficio N° 153
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Se puede pedir a una universidad pública los cursos dictados y las publicaciones de un académico, aunque este se oponga?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó entregar los cursos dictados y las publicaciones de la académica en los últimos cinco años, con tarjado de datos personales. Estimó que la transparencia en el ejercicio de la función pública prevalece sobre la oposición del tercero involucrado.

¿Qué plazo hay para reclamar de una resolución del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?

Según esta resolución, contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días corridos desde su notificación, con las excepciones previstas en la Ley de Transparencia. El resumen no detalla otros requisitos del reclamo.

¿Puede una universidad negar una solicitud de información sobre sus académicos alegando la protección de datos personales?

En este caso, el Consejo consideró que la denegación de la universidad no era procedente y ordenó la entrega de la información solicitada, tarjando solo los datos personales. Así, la protección de datos personales se aplicó como límite parcial y no como causal para negar toda la información.

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