El Consejo para la Transparencia conoció un amparo deducido por un particular en contra…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo deducido por un particular en contra del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que reclamaba la entrega de información sobre contratos vigentes con una empresa determinada y sobre las cuantías involucradas. El Consejo resolvió rechazar el amparo, por estimar que, al momento de ingresar la solicitud, no existían contratos vigentes con dicha empresa, pues el contrato al que aludía el reclamante había terminado anticipadamente en septiembre de 2022, y que el organismo otorgó una respuesta completa y oportuna. Se dejó constancia de que el solicitante puede presentar en el futuro una nueva solicitud, indicando con claridad y precisión la información requerida. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, en el plazo de 15 días corridos.
Normas citadas
Constitución Política de la República
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOrden y Seguridad Interior
Preguntas frecuentes
¿Qué debe hacer un organismo público cuando recibe una solicitud de transparencia sobre contratos vigentes que en realidad ya terminaron?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que el SAG otorgó una respuesta completa y oportuna, porque al ingresar la solicitud no existían contratos vigentes con la empresa, ya que el contrato había terminado anticipadamente. Por eso rechazó el amparo.
¿Puede un particular presentar nuevamente una solicitud de información si su primera solicitud fue rechazada por el Consejo para la Transparencia?
Sí. En este caso, el Consejo dejó constancia de que el solicitante puede presentar en el futuro una nueva solicitud, indicando con claridad y precisión la información que requiere.
¿Cuál es el plazo para reclamar de una resolución del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo?
En este caso, el resumen indica que contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, en el plazo de 15 días corridos.
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