La Contraloría General de la República se pronunció sobre una ordenanza municipal de la…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2013
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una ordenanza municipal de la Municipalidad de Lo Prado que exigía, para el otorgamiento y renovación de la patente comercial de explotación de máquinas de juegos electrónicos, que los locales estuvieran a una distancia mínima de cien metros de establecimientos educacionales. El organismo concluyó que la municipalidad no estaba facultada para incorporar esa limitación, pues ni el decreto ley N° 3.063 sobre Rentas Municipales, ni la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, ni otra norma legal contemplan restricciones de ubicación para estos establecimientos. Según la jurisprudencia citada, las resoluciones municipales no pueden imponer requisitos o restricciones al desarrollo de actividades económicas más allá de los establecidos por la Constitución y las leyes, y un distanciamiento de este tipo vulnera la libertad económica y la igualdad ante la ley. En consecuencia, se ordenó a la municipalidad modificar la ordenanza e informar de ello a la Contraloría dentro de 20 días hábiles.
Normas citadas
ley 18695 art/12
dl 3063/79
pol art/19 num/2
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede una municipalidad exigir una distancia mínima a colegios para otorgar la patente de máquinas de juegos electrónicos?
No, según este dictamen de la Contraloría. La Contraloría concluyó que ni el decreto ley N° 3.063 ni la Ley Orgánica de Municipalidades contemplan restricciones de ubicación para estos establecimientos, por lo que la municipalidad no podía incorporar esa limitación en su ordenanza.
¿Qué límites tienen las ordenanzas municipales para imponer requisitos a actividades económicas?
En este caso, la Contraloría sostuvo que las resoluciones municipales no pueden imponer requisitos o restricciones al desarrollo de actividades económicas más allá de los establecidos por la Constitución y las leyes. Un distanciamiento de este tipo vulnera la libertad económica y la igualdad ante la ley.
¿Qué debe hacer una municipalidad si su ordenanza es declarada ilegal por la Contraloría?
En este caso, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Lo Prado modificar la ordenanza que exigía la distancia mínima de cien metros a establecimientos educacionales. Además, debe informar de ello al organismo dentro de 20 días hábiles.
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