Resumen
La Dirección del Trabajo se pronunció sobre si, tras la dictación de la ley Nº 19.504, correspondía reajustar la remuneración del personal regido por un contrato colectivo suscrito en 1996 por una fundación educacional y un grupo de trabajadores afiliados a un sindicato de la Escuela Industrial y Anexa Ernesto Bertelsen Tapia de Quillota. La consulta se centró en si los aportes que dicha ley ordenaba pagar a los sostenedores municipales y particulares subvencionados constituían un reajuste de la Unidad de Subvención Educacional. Para resolver, el organismo se basó en el informe del Ministerio de Educación, según el cual la ley fijó montos mínimos por hora cronológica y remuneración total mínima para los profesionales de la educación, y los recursos adicionales se otorgaron aumentando los factores de la subvención por nivel, modalidad y tipo de enseñanza, sin alterar el valor de la USE. Concluyó que no resultaba jurídicamente procedente reajustar, por esa vía, la remuneración del personal afecto al contrato colectivo, criterio que mantiene concordancia con dictámenes anteriores.