El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de Tocopilla, por la negativa a entregar información sobre si determinadas personas tienen domicilio en la comuna registrado para obtener beneficios sociales, Registro Social de Hogares u otra atención. El Consejo estimó que lo solicitado no busca conocer el domicilio preciso de las personas, sino verificar si existe ese registro para beneficios sociales, por lo que no se configuraría una afectación a sus derechos. Se concluyó que el carácter público de la información puede conciliarse con la protección de los eventuales beneficiarios, permitiendo el control social. Se ordenó la entrega de la información, bajo apercibimiento de la sanción del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y se contempló la posibilidad de reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley N° 19.628
Ley N° 20.285
Ley N° 19.949
Ley N° 19.880
Artículo 2 de la ley N° 19.628
Ley N° 18.575
Ley N° 20.379
Ley N° 20.530
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Un municipio puede negarse a informar si una persona tiene domicilio registrado en la comuna para acceder a beneficios sociales?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Municipalidad de Tocopilla y ordenó entregar la información, porque lo pedido no busca conocer el domicilio preciso de las personas sino verificar si existe ese registro para beneficios sociales.
¿Entregar información sobre beneficiarios de beneficios sociales vulnera sus datos personales?
El Consejo estimó que no se configuraba una afectación a los derechos de las personas, pues el carácter público de la información puede conciliarse con su protección y permite el control social.
¿Qué pasa si un organismo público no cumple una resolución del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?
En este caso, la resolución ordenó la entrega de la información bajo apercibimiento de la sanción del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y se contempló la posibilidad de reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
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