El Consejo para la Transparencia acogió el amparo deducido contra la Municipalidad de T…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió el amparo deducido contra la Municipalidad de Tocopilla, ordenando la entrega del acta de notificación del decreto que aplicó una medida disciplinaria a un funcionario, junto con los recursos y resoluciones posteriores, por tratarse de información pública respecto de la cual no se invocaron causales de reserva. La entrega debe realizarse previa reserva de datos personales de contexto, y si la información no obra en poder del órgano, este deberá informarlo al peticionario y al Consejo. Se apercibe al organismo con las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia ante el incumplimiento, y se ordena acreditar la entrega efectiva. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 18.883
Ley N° 19.628
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Procede entregar el acta de notificación de una medida disciplinaria aplicada a un funcionario municipal si se pide por transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó entregar el acta de notificación del decreto disciplinario, junto con los recursos y resoluciones posteriores, por tratarse de información pública sin causales de reserva invocadas.
¿Qué ocurre si un órgano público no tiene en su poder la información solicitada en un amparo ante el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo resolvió que, si la información no obra en poder del órgano, éste debe informarlo tanto al peticionario como al Consejo, sin perjuicio de la obligación de entregar lo que sí posea.
¿Qué consecuencias enfrenta un órgano municipal que incumple una orden de entrega de información del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo apercibió a la Municipalidad con las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia ante un eventual incumplimiento, ordenó acreditar la entrega efectiva y señaló que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
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