El Consejo para la Transparencia resolvió rechazar un reclamo por presunta infracción a…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió rechazar un reclamo por presunta infracción a las normas de transparencia activa presentado contra una municipalidad, al no acreditarse la infracción alegada. Además, representó severamente al alcalde por su falta de colaboración en la tramitación del amparo, especialmente por no responder el oficio de traslado, lo que constituye una infracción a la Ley de Transparencia y a los principios de apertura, máxima divulgación y facilitación. El Consejo encomendó notificar la decisión a las partes y remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República por una eventual infracción a la ley N° 20.730. Se indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones y que no procede recurso de reposición.
Normas citadas
Ley N° 20.730
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Oficio N° 5.655
Artículo 7º de la ley N° 20.285
Artículo 9° de la ley N° 20.730
Artículo 59 de la ley N° 19.880
reclamoDecisión de FondoOtros
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si una municipalidad no responde un oficio del Consejo para la Transparencia en un reclamo de transparencia activa?
En este caso, el Consejo para la Transparencia representó severamente al alcalde por su falta de colaboración al no responder el oficio de traslado, lo que constituye una infracción a la Ley de Transparencia y a los principios de apertura, máxima divulgación y facilitación.
¿Se puede reclamar ante la justicia si el Consejo para la Transparencia rechaza un reclamo por transparencia activa?
En este caso, el Consejo indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones y que no procede recurso de reposición.
¿Qué consecuencias tiene para un alcalde no colaborar en un procedimiento ante el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo representó severamente al alcalde por no responder el oficio de traslado y remitió los antecedentes a la Contraloría General de la República por una eventual infracción a la ley N° 20.730.
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