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La Contraloría General de la República se pronunció sobre si la modificación de la meto…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre si la modificación de la metodología del examen práctico de conducción para la licencia profesional clase B constituye una nueva función o tarea para las municipalidades, en los términos del inciso cuarto del artículo 5° de la ley N° 18.695, que exige financiamiento para nuevas funciones asignadas a los municipios. El análisis consideró el artículo 8° del Reglamento para O.A.O.L.C., modificado por un decreto de 2013 que fijó una duración y trayecto mínimo del examen en dos etapas, y la obligación de remitir resultados estadísticos al sistema informático del ministerio. La Contraloría concluyó que esa modificación metodológica no puede considerarse una nueva función o tarea, pues el otorgamiento y la renovación de licencias para conducir es una función privativa de las municipalidades, que debe ejercerse conforme a las leyes y normas técnicas del ministerio respectivo, por lo que no procede el financiamiento exigido por esa norma.

Normas citadas

  • ley 18695 art/5 inc/4
  • dto 105/2013 MINTT art/1
  • dto 97/84 MINTT art/8 inc/1
  • dto 170/85 MINTT
  • ley 18059 art/1 lt/d
  • ley 18695 art/3 lt/d
  • ley 18695 art/26 lt/a
  • ley 18290 art/5
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Las municipalidades pueden exigir financiamiento cuando el Ministerio de Transportes les impone nuevas exigencias técnicas para otorgar licencias de conducir?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el otorgamiento y la renovación de licencias para conducir es una función privativa de las municipalidades, que debe ejercerse conforme a las leyes y normas técnicas del ministerio, por lo que ajustarse a esas normas no genera derecho a financiamiento adicional.

¿Qué implica para los municipios la obligación de remitir resultados estadísticos del examen de conducción al sistema informático del ministerio?

En este caso, la Contraloría analizó la obligación de remitir resultados estadísticos al sistema informático del ministerio como parte de la modificación reglamentaria, concluyendo que, en conjunto con el cambio metodológico, no configura una nueva función que exija financiamiento.

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