El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la expresión "en forma absoluta" contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, que regula la tramitación de juicios telemáticos. El requirente sostenía que dicha expresión impedía a los jueces ponderar impedimentos no absolutos que afectaran el derecho a defensa, vulnerando el artículo 19 N° 3 de la Constitución. Sin embargo, la sentencia rechazó el requerimiento. La Magistratura razonó que la inaplicabilidad es un control concreto, atendidas las circunstancias del caso, y que los delitos imputados se enmarcan en la potestad del legislador para excluir la pena sustitutiva. Concluyó que la norma no resulta desproporcionada ni vulnera la igualdad ante la ley, y que la determinación de la pena corresponde al tribunal penal competente.
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Preguntas frecuentes
¿El juez puede ponderar impedimentos no absolutos para no realizar un juicio telemático si la ley dice que debe hacerse "en forma absoluta"?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento que pedía dejar sin aplicación la expresión "en forma absoluta" de la Ley N° 21.226. Sostuvo que la norma no vulnera el derecho a defensa ni la igualdad ante la ley, por lo que no hay motivo para inaplicarla.
¿Cuándo procede un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional?
En este caso, el Tribunal Constitucional explicó que la inaplicabilidad es un control concreto, que se analiza atendidas las circunstancias específicas de la causa. Luego evaluó la norma en esas condiciones y concluyó que no resultaba inconstitucional.
¿Puede el Tribunal Constitucional determinar la pena aplicable en un proceso penal cuando se reclama una sanción sustitutiva?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la exclusión de la pena sustitutiva para los delitos imputados está dentro de la potestad del legislador. Agregó que la determinación de la pena corresponde al tribunal penal competente.
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